CONTRATACIÓN PÚBLICA, UN ATRACO A LOS TRABAJADORES. LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS FOMENTAN LA PRECARIEDAD Y EL FRAUDE.

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El pasado 9 de marzo de 2018 entraba en vigor la nueva Ley de Contratos del Sector Público en nuestro país. Lo más llamativo y novedoso de esta ley es que recogía las recomendaciones de varias directivas comunitarias en materia de contratación pública, incorporando criterios sociales y prohibiendo en sectores intensivos en mano de obra, como el sector de la seguridad privada, que el precio fuera el único criterio a la hora de adjudicar los contratos.

A partir del día 9 los pliegos de condiciones de los concursos públicos deben exigir criterios sociales, medioambientales y una mejor relación calidad-precio a la hora de valorar las ofertas de las empresas. Para nosotros como sindicato que desde hace años venimos exigiendo a las Administraciones Públicas  de este país una contratación pública  socialmente responsable, nos parece fundamental para los derechos de los trabajadores de nuestro sector el cumplimiento de los convenios colectivos sectoriales, la inclusión de clausulas que permitan rescindir los contratos a las empresas que no cumplan con sus trabajadores en cuanto al pago de salarios, a las empresas que incumplan con los pliegos de condiciones o también a las empresas que defrauden a la hacienda publica o la seguridad social; esto y muchas exigencias mas vienen ya contempladas en esta nueva ley. Otra de las particularidades llamativas de esta nueva ley de contratos es que ha sido aprobada con la oposición del Partido Popular, que preside el Gobierno de este país.

Solo durante el día 8 de marzo, fecha anterior a la entrada en vigor de esta ley, se registraron en la web de Contrataciones del Estado aproximadamente 2.500 publicaciones de concursos públicos, un incremento 10 veces superior a la media de cualquier otro día.Asimismo, durante el último mes, se ha aprovechado por parte de las Administraciones Públicas para sacar a concurso números e importantes concursos que en circunstancias normales tendrían que publicarse en meses posteriores. Entre ellos, y en lo que afecta a nuestro sector, el servicio de Vigilancia de la Administración General del Estado, por valor de más de 67 millones de Euros.

Basilio Alberto Febles, Secretario General de la FTSP-USO, denuncia que este incremento en la publicación de concursos solo obedece al maligno criterio de seguir aprovechando una ley obsoleta para continuar ahorrándose unos míseros euros, evidentemente, en detrimento de los derechos de trabajadores mileuristas que son sometidos por las empresas a condiciones de trabajo y salarios de autentica miseria, que, aun teniendo trabajo, nos condena a ser considerados como excluidos sociales y vivir por debajo de los umbrales de proeza.

Desde la FTSP-USO se vuelve a exigir a las Administraciones Públicas de este país el cumplimiento de las leyes vigentes, la ética a la hora de gestionar el dinero público y sobre todo que tengan altura de miras, responsabilidad y no mirar tan solo su cuenta de resultados. Debemos exigir y exigimos a políticos y altos funcionarios que piensen  también en la clase trabajadora de este país y no solo en criterios económicos (también en sus posibles bonos por ahorro de costes) a la hora de adjudicar los concursos públicos.

Tenemos claro que las cuantías económicas que se puede ahorrar una Administración Publica al adjudicar a un precio inferior al del mercado los concursos públicos, luego obliga a los ciudadanos a pagar vía impuestos el FOGASA, las defraudaciones a la Hacienda Pública y la Seguridad Social, el cierre de empresas, etc. Este es el ahorro de costes de las administraciones.

Basta mirar las empresas que actualmente están en concurso de acreedores, SEGURIDAD INTEGRAL CANARIA O NOVO SEGUR, donde sus clientes son un 90 % administraciones públicas, entre ellos el Ministerio de Defensa, CSIC, TGSS, RTVE, CORREOS, para ver ejemplos de contratación pública, como mínimo, irresponsable.

Desde la FTSP-USO, entendemos que este es uno de los principales problemas de nuestro sector ya que incide negativamente en los salarios y condiciones de trabajo de más del 25% de trabajadores, por ello seguiremos incidiendo y exigiendo una contratación publica socialmente responsable.

 

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