MERSANT VIGILANCIA, UN ANTES Y UN DESPUES EN EL SECTOR DE LA SEGURIDAD PRIVADA.

La detención por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de 23 personas en distintas provincias españolas (Sevilla, Almería y Barcelona) por un presunto fraude a la Seguridad Social de 6.576.558 euros y una deuda con la Agencia Tributaria de 1.700.00 euros contraídos por la empresa MERSANT (según publica el periódico la Voz de Cádiz) podría verse como normal y habitual dentro del sector de la Seguridad Privada.

Que la empresa MERSANT con esos antecedentes participe en los concursos públicos y sea adjudicataria de muchos de estos concursos (entre ellos instalaciones de la propia Seguridad Social a la cual defraudaba) es algo también habitual en nuestro sector. Todo esto, dado por una política de contratación pública basada exclusivamente en premiar a la oferta más económica y sin importarle a nuestros políticos ni la calidad de los servicios, ni las condiciones de trabajo de los Vigilantes de Seguridad, ni tan siquiera el cumplimiento de los contratos firmados entre la empresa y la propia Administración.

Que la empresa cobrara la facturación de sus clientes y traspasaba clientes y contratos a otras empresas, pretendiendo descapitalizar a la aludida mercantil al tiempo que eludía los pagos a sus acreedores (según publica el periódico la Voz de Cádiz) comienza también a ser habitual.

Que empresarios sin escrúpulos, que buscan el dinero fácil, lleven a la quiebra su empresa y que usando la normativa concursal salgan indemnes del problema y a los pocos meses estén dirigiendo otra empresa, igual de pirata que la anterior, también los tenemos.

Que por parte de la Policía Nacional, se condecore a alguno de estos empresarios imputados o inhabilitados, al parecer también es más habitual de lo deseable.

Si ya se comienza a hablar de presuntos blanqueos de capital o de presunto tráfico de drogas debemos de encender nuestras alarmas para evitar que esto se convierta en algo habitual o normal y “expulsar” de nuestro sector a estos empresarios corruptos.

El sector de la Seguridad Privada, es un sector útil y contribuye de forma efectiva a la seguridad de la ciudadanía en general, con un reconocimiento a nuestra labor por parte de los ciudadanos y donde la mayoría de los Vigilantes de Seguridad cumplimos con nuestro cometido con profesionalidad e integridad.

Asimismo, la parte empresarial de nuestro sector, en su mayoría son empresas decentes con una trayectoria de muchos años y con la clara vocación de dar un servicio eficaz a sus clientes, de cumplir con lo acordado en los convenios colectivos y con unas políticas laborales justas y contribuyen también a la seguridad de los ciudadanos colaborando de forma estrecha con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Empresas como Prosegur o Eulen, multinacionales importantes creadas en España y que han sido capaces de expandirse al exterior. Empresas como ILUNION, perteneciente a la ONCE o multinacionales como SECURITAS que están implantadas en España desde hace muchos años son ejemplo de buenas prácticas laborales y dan fe junto a los demás actores que participamos del sector, como usuarios y sindicatos, que la seguridad privada es un sector con futuro y que entre todos tenemos que colaborar para hacerlo mejor.

Desde la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de la USO venimos denunciando estos y otros hechos graves que afectan a nuestro sector, incluso con demandas penales en algunos casos, y estamos dispuestos a continuar con esta labor en el futuro, entendiendo que existen en la Administración los estamentos necesarios y los medios para la denuncia de estos hechos. La propia Seguridad Social creo en 2019 el Observatorio contra el Fraude a la Seguridad Social, donde participan la CEOE representando a los empresarios de este pais y CC.OO y UGT representando a las personas trabajadoras.

Este Observatorio es a nivel estatal pero debe estar constituido también en todas las Provincias.

Analizando la memoria de los años de vigencia de este Observatorio disponible en su página web, no existe ningún grupo de trabajo creado sobre el sector de la seguridad privada ni tan siquiera sobre los fraudes cometidos por las empresas a la seguridad social.

Desde esta Federación vamos a dirigirnos a este Observatorio para que se cree un grupo de trabajo para investigar e intentar solucionar estos problemas con propuestas efectivas y realistas de previsión de fraude, cambios en la normativa legar para impedir que estas “empresas pirata” sean adjudicatarios de contratos públicos y de una mayor exigencia de control y penalización para las personas administradoras que cometan estos fraudes.

ENRIQUE MARRERO RAMOS. IN MEMORIAM.

Y NO SE MUERE QUIEN SE VA, SOLO SE MUERE EL QUE SE OLVIDA.

Nadie nos prepara para dar el adiós a un amigo. Es como perder la mitad de uno mismo y quedar huérfano. Es el momento en el que avanzamos a tientas, sabiendo que no van a haber mas llamadas, ni bromas, ni chismes que comentar.

KIKE fue la persona que me afilió a la USO y quien tres meses después me convenció para que fuera candidato a las elecciones sindicales en Securitas, quien me apoyo en la campaña y quien me acompaño y me guio en mis primeros pasos como sindicalista, pero ante todo fue un amigo con el que compartimos momentos buenos y malos durante muchos años.

Sindicalista GRANDE, compañero LEAL y amigo FIEL.

Intentaremos seguir tus pasos y tus consejos para continuar con tu legado.

NADIE PODRA ARREBATARNOS TODO LO QUE NOS HAS ENSEÑADO. HASTA SIEMPRE, AMIGO.

NI LA POLICIA TIENE SIEMPRE LA RAZON, NI LOS TRABAJADORES QUE SE MANIFIESTAN PARA RECLAMAR SUS DERECHOS SON DELINCUENTES.

Los mismos Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que reprimen a los manifestantes en las concentraciones laborales se saltan los dispositivos de seguridad y obligan a sus compañeros policías a replegar el dispositivo de seguridad a las puertas del Congreso y los manifestantes han proseguido con su concentración en la plaza de las Cortes a escasos metros de las escalinatas de la Cámara Baja, en la llamada concentración “Rodea el Congreso” por parte de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

En estos días las asociaciones profesionales que representan a la Guardia Civil y Policía Nacional han elevado su queja y anuncian manifestaciones para protestar por la regulación que pretende llevar a cabo el Gobierno de la conocida como Ley Mordaza. Aparte de la disputa de Pablo Casado e Isabel Diaz Ayuso por ver quien encabeza la pancarta de dichas reivindicaciones, vamos a intentar desgranar lo que entienden los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que podrá pasar:

1.- Se infligirá un daño grave e irreparable a la operatividad policial.

2.- Destruye el principio de autoridad y pone en riesgo a los agentes.

3.- Pone fin al principio de veracidad policial.

4.- Permitirá la difusión de imágenes de los agentes.

5.- Limitara el uso de material antidisturbios en alteraciones del orden público.

6.- No quieren hacer de “taxistas” al tener que devolver a los detenidos a su lugar de origen.

En realidad, que dice y pretende reformar el Gobierno de la “Ley Mordaza”:

1.- Uno de los aspectos destacados es que dejan fuera de la Ley cualquier cuestión relacionada con la política migratoria. Por ejemplo las expulsiones en caliente de inmigrantes en la frontera. Esto pasara a estar regulado por las leyes de extranjería y los convenios internacionales suscritos por España.

2.- Una de las reivindicaciones que más concesos ha generado es la de eliminar las sanciones a las manifestaciones espontaneas que se convoquen sin una manifestación previa, siempre que sean pacíficas. Antes se preveían sanciones de hasta 30.000 Euros.

La falta de trámite previo de una manifestación no determinara la comisión de esta infracción cuando el ejercicio pacifico de este derecho precise una rápida expresión ante un acontecimiento de indudable repercusión social que no admita demora, siempre que no cause violencia o alteración del orden público.

3.- La toma y difusión de imágenes en lugares públicos y manifestaciones (por ejemplo, por parte de la prensa) no será sancionada. Si se considerara infracción grave el uso de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado cuando puedan suponer un peligro para la seguridad personal o familiar de los agentes o se ponga en riesgo el éxito de una operación policial. La situación de peligro o riesgo tendrá que quedar reflejada en el acta o denuncia.

4.- Se tendrán que usar los materiales antidisturbios «menos lesivos para las personas y evitando los que causen lesiones irreparables». De todas maneras, recuerdan que son las «autoridades competentes» las que tendrán que desarrollar los «protocolos específicos», en este sentido, siempre de acuerdo con los «estándares internacionales».

5.- Las multas que se impongan se podrán fraccionar y pagar en función de la capacidad económica del implicado. Así, habrá una reducción del 50% para los que cobren menos de 1,5 veces el salario mínimo interprofesional (SMI) y del 25% para los que cobren entre 1,5 y 2,5 veces el SMI.

6.- El tiempo de identificación en una comisaría no podrá ser superior a dos horas. La ley del PP permitía una detención de hasta seis horas en la comisaría. Solo se podrá llegar a estas seis horas en casos muy excepcionales. «Excepcionalmente y por razones justificadas, verificables y comunicadas a la persona afectada, se podrá prorrogar hasta un máximo de seis horas

7.- Se obligará a la policía a devolver a los manifestantes al lugar donde han sido detenidos y no dejarlos en comisarías a kilómetros de este punto.

8.- Los cacheos corporales de la policía siempre se tendrán que circunscribir a indicios concretos y comprobables y, además, se tendrá que evitar que una persona quede desnuda en un operativo policial. «No se dejará a la vista la totalidad del cuerpo, ni tampoco de manera sucesiva cada una de sus partes, con el máximo respeto a la identidad sexual, procurando hacerlo siempre en un lugar reservado y fuera de la vista de terceros

9.- Los atestados policiales seguirán teniendo «presunción de veracidad» de los hechos que se escriban, pero se incorpora un matiz: «Siempre que resulte coherente, lógica y razonable, si no se prueba lo contrario». Hasta ahora el artículo 19 se limitaba a decir: «El acta que se extienda tendrá presunción de veracidad de los hechos que se consignen, si no se prueba lo contrario».

Cada uno que piense y juzgue, yo particularmente abogo por el derecho a poder manifestarme de forma libre y pacifica y que la Policía actué con criterios de responsabilidad y proporcionalidad, cumpliendo la ley y demostrando todo aquello de lo que nos acuse.

Directores de Seguridad.

Los Directores de Seguridad y los Jefes de Seguridad son figuras importantes para nuestro sector, con funciones determinadas por la ley encaminadas a garantizar la legalidad de la prestación de los servicios de seguridad e inspeccionar a los Vigilantes de Seguridad y a las empresas para velar por el cumplimiento en la forma de prestar los servicios.

Ahora bien, tampoco exentos de polémica cuando se ejerce como Director de Seguridad en un centro de trabajo (cliente) y, a su vez, se ocupa o se prestan de forma simultanea servicios, bien como jefe de seguridad o como directivo en otra empresa o en varias empresas.

Los directores de Seguridad tienen regulada su actividad en la Ley de Seguridad Privada principalmente en los siguientes artículos.

Artículo 36. Directores de Seguridad.

2. Los usuarios de seguridad privada situarán al frente de la seguridad integral de la entidad, empresa o grupo empresarial a un director de seguridad cuando así lo exija la normativa de desarrollo de esta ley por la dimensión de su servicio de seguridad; cuando se acuerde por decisión gubernativa, en atención a las medidas de seguridad y al grado de concentración de riesgo, o cuando lo prevea una disposición especial.

Artículo 38. Prestación de los servicios de seguridad privada.

5. Los directores de seguridad de las empresas de seguridad privada y de las entidades obligadas a disponer de esta figura, conforme a lo dispuesto en el artículo 36, desempeñarán sus funciones integrados en las plantillas de dichas empresas.

La primera duda que nos surge es si los Directores de Seguridad pueden prestar sus servicios como profesionales independientes a través de un contrato mercantil y no incluidos en la plantilla de la empresa que contrata los servicios de una empresa de seguridad y que estén obligados por Ley a disponer de esta figura. Esto lo da por válido la UCSP a través de uno de sus informes no vinculantes.

El segundo caso en que se nos plantean dudas es si se puede compaginar el cargo de Director de Seguridad con el de Jefe de Seguridad en una o varias empresas.

El tercer caso y más controvertido sería cuando se compaginan a la vez dos cargos que entendemos éticamente reprobable y que puede hacer dudar de la capacidad del director de seguridad para poder separar de forma clara ambos cargos. Es el caso del Director de Seguridad que presta sus servicios en un cliente (Universidad de A Coruña) y, a su vez, es gerente de la empresa de seguridad adjudicataria de la misma Universidad.

O del Director de Seguridad del C. D. Tenerife y, a su vez, es el propietario y apoderado de la empresa adjudicataria del servicio de seguridad que presta servicios en el Estadio.

O del Director de Seguridad de la Universidad de La Laguna contratado a través de una empresa de seguridad y que va a planificar y evaluar la parte técnica del siguiente concurso. ¿Se podrá presentar su empresa a este concurso?

Como ven, existe de forma clara un conflicto de intereses permanente cuando el Director de Seguridad no está integrado en la plantilla de los clientes de seguridad, donde exista la obligatoriedad de disponer de un departamento de seguridad con un director al frente. Lo demás son especulaciones, chanchullos y un conflicto permanente de intereses personales y empresariales que en nada beneficia a la imagen del sector.

Desde la FTSP-USO venimos pidiendo que se corrija esta situación que está comenzando a darse y que previsiblemente se incrementará en el futuro dada la naturaleza de nuestro sector.

CONVENIO COLECTIVO SEGURMAXIMO

Esta empresa de Seguridad radicada en Tenerife y con servicios en la Comunidad Autónoma de Canarias, lleva ya cinco años operando con un Convenio Colectivo de Empresa inferior al Convenio Colectivo Estatal en un 10% de masa salarial y perdida de otros criterios laborales.

Dicho Convenio fue firmado por los 5 representantes del sindicato CC.OO en esta empresa y que era en ese momento los únicos representantes de los trabajadores. Cinco años después de la firma de este Convenio que vence el 31 de Diciembre de 2021, la empresa vuelve a citar a la representación sindical para volver a negociar o prorrogar este acuerdo.

La representación en esta empresa ha variado y actualmente existen 5 Delegados de CC.OO, 2 Delegados de la FTSP-USO y 2 Delgados de SB.

Desde la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de la USO, tenemos clara nuestra postura, no vamos a negociar ningún convenio de empresa que suponga un recorte de salarios o condiciones laborales inferiores a lo que establece el convenio sectorial.

Ya nos opusimos en su día a la firma de dicho convenio y ejercimos una acción sindical importante en contra de esta firma con numerosas manifestaciones públicas, concentraciones, reparto de panfletos, etc. Algo que vamos a repetir también en esta ocasión para intentar que la empresa SEGURMAXIMO iguale los salarios y las condiciones de trabajo de sus trabajadores a los del resto del sector.

Pedimos asimismo a los sindicatos CC.OO Y SB no validen con sus siglas la aprobación de unas peores condiciones para los trabajadores y se sumen también a nuestras protestas que podemos realizar de forma conjunta.

El compromiso de esta Federación es expulsar del sindicato a nuestros Delegados si firman la propuesta de la empresa y denunciar dicho convenio en los tribunales laborales. Pedimos al resto de sindicatos con presencia en el Comité de Empresa la misma contundencia y no validar con nuestras siglas acuerdos personales entre la empresa y los delegados en contra de los criterios de sus sindicatos y en contra de los intereses de las personas trabajadoras.

¿INSULTAR ES UN DERECHO?

Muchos jueces a través de sus respectivas sentencias y muchos juristas de prestigio sostienen que el derecho al insulto no existe ni está amparado por la libertad de expresión. Es más cualquier demócrata o persona de bien sabe que el insulto es una perversión de unos pocos y que la epidemia no frena porque los insultadores (unos con algo de gracia y otros sin ninguna) se retroalimentan con el aplauso y habitan un oasis de impunidad porque, para responderles hay que ser como ellos y es algo que muchas personas evitamos, no porque no tengamos argumentos para responder, sino porque en muchos casos que se insulta un argumento y el contrario el insultador se insulta a sí mismo y a su inteligencia que habitualmente suele ser poca.

6º Congreso de la Federación de Atención a la Ciudadanía.

El sábado pasado tuve la ocasión de asistir al 6º Congreso de la Federación de Empleados Públicos celebrado en Isla Cristina (Huelva) en representación de la Ejecutiva de la FTSP-USO.

En dicho Congreso se ha aprobado el cambio de denominación de dicha Federación pasando a llamarse Federación de Atención a la Ciudadanía.

PEOR SITUACIÓN Y MÁS DIFÍCIL CONSEGUIR UN ACUERDO DE GOBIERNO.

Las elecciones generales celebradas ayer nos dejan un escenario más complicado para conformar una mayoría de gobierno estable que comience de forma inmediata a tomar decisiones que resuelvan los problemas de los ciudadanos.

EL INTRUSISMO CADA DÍA MÁS UTILIZADO EN DETRIMENTO DE LA SEGURIDAD PRIVADA.

Publica estos días el Diario de Sevilla una noticia donde “una banda desvalija un polígono industrial de Sevilla tras atar al Vigilante. La noticia comenta como los miembros de esta banda después atar al “supuesto Vigilante” le sustraen su vehículo y utilizando el método del alunizaje asaltan siete establecimientos del Polígono Industrial de Majaravique. Incluso hay fotos del “supuesto Vigilante” que confiesa que venía de hacer una ronda de seguridad por el Polígono y que había cerrado con llave la garita porque la Guardia Civil le había advertido que se estaban produciendo robos en la zona para que extremara las precauciones.

LA CARTA DE VAUBAN.

El 17 de Julio de 1.683, desde su residencia en Belle–Isle en Mer, Vauban un ingeniero militar que alcanzó el grado de Mariscal de Francia escribía a Losvois, Ministro de la Guerra de Luis XIV. En dicha carta hacía una exposición de los males que acechan a quien solo mira el precio a la hora de contratar y desatiende la pericia, la experiencia y la honestidad que reside en quien busca el beneficio real del cliente no un mezquino ahorro que  conduce a la mediocridad.